“Lo que vamos a hacer es tomar a la gente que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, y vamos a echarlos del país o vamos a encarcelarlos”. Así dijo el presidente de los EE.UU. Donald Trump.
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A hacer arreciar biempensantes y progresistas ha sido la entrevista a “60 minutes” de la Cbs en que el neo-presidente de los Estados Unidos ha confirmado el puño duro contra los inmigrados clandestinos.
Y, mientras los demócratas se rasgan las vestiduras, el doctor Niels W. Franzen, director de “Imigration Clinic” de la University of South Carolina, desmonta el teorema del republicano “feo y malo”.
“Actualmente los Estados Unidos deportan entre los 300 y los 400 mil clandestinos cada año, La presidencia Obama ha sido uno de las más severas en este sentido con más de 2,5 millones de deportados por el 2009 al 2015. A lo neto de los que han sido parados al confín”: explica a la “Stampa” (periódico italiano).
Uno de los puntos centrales de la campaña electoral, sobre el que se ha encarnizado la anti-propaganda del mainstream mediático internacional, es la construcción del famoso muro de separación sobre el confín entre los Estados Unidos y México.
La realidad de los hechos es bastante diferente con respecto de lo que es sustentado por los detractores del tycoon americano.
La construcción de las barreras a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos remonta al 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, articulada en tres operaciones llevadas a la práctica en los tres estados americanos que comparten los 3140 km de frontera con México: Gatekeeper en California, Hold-the-Line en Tejas y Safeguard en Arizona.
Según los últimos datos de referencia, el largo de las barreras físicas hasta la fecha presentes a lo largo del confín alcanzaría los 930km, a las que se suman otras áreas donde son presentes telecámaras y sensores electrónicos constantemente vigilados por el US Border Patrol, la fuerza de policía que se ocupa de la seguridad e impenetrabilidad de los confines continentales americanos.
Algo más de diez años después del plan de Clinton, el gobierno republicano ha advertido la necesidad de incrementar las medidas de seguridad a lo largo de lo que los mexicanos llaman el “Muro de la Vergüenza”. El diputado californiano Duncan Hunter ha avanzado la propuesta del alargamiento de tal barrera, por un total de 1123 km de San Diego, en California a Yuma, en Arizona.
La propuesta ha sido revisada muchas veces antes de ser aprobada definitivamente en el diciembre de 2006, bajo el nombre de “Secure Fence Act”, nombre en código de la propuesta de ley HR 6061, y firmada por George W. Bush, a la sazón Presidente.
La obra de ampliación ha ido adelante por unos 4 años, por lo tanto también bajo la presidencia Obama, sin que nadie se haya preocupado nunca de levantar la cuestión del trato padecido por los clandestinos que intentaran, a menudo en vano, de atravesar la frontera para acceder en los Estados Unidos.
Millares de detenciones y decenas de muertos cada año, pero solamente después de la campaña electoral de Trump la prensa se ha puesto a la cuestión de los hispánicos inmigrados o potenciales tíos. La frontera, en efecto, es dirigida a contener el flujo de ciudadanos centroamericanos que, por México, intentan llegar a América septentrional: entre ellos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses.
La cuestión, incluso ignorada, es evidente a los ojos del observador atento. Uno de los ejemplos más clamorosos de esta separación, ya existente, es la ciudad de Nogales, uniforme entre el condado de Santa Cruz en Arizona y el estado de Sonora en México, corte en dos de esta barrera altos cuatro metros y culminada por alambre de púa.
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